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El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto ley que amplía un año el plazo para la entrada en vigor del sistema de verificación de facturas Verifactu, atendiendo así a las demandas de las organizaciones de trabajadores autónomos, que habían alertado de la falta de preparación del colectivo para afrontar el cambio.
La medida fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez y confirmada posteriormente por el Ministerio de Hacienda. Según el nuevo calendario, la obligación de implementar Verifactu se aplicará a partir del 1 de enero de 2027 para profesionales y empresas sujetas al impuesto de sociedades. Para el resto de empresas y autónomos que utilicen sistemas informáticos de facturación, la exigencia se pospone hasta el 1 de julio de 2027.
Una prórroga para facilitar la adaptación.
Tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, destacó la importancia de esta prórroga para permitir que pymes y autónomos dispongan de más tiempo para adaptarse a los requisitos técnicos del nuevo sistema.
En esta línea, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, celebró el aplazamiento y aseguró que los autónomos “no estaban preparados” para la inminente aplicación de la norma, que estaba generando “malestar” en el sector. “Es un alivio ante la marea de carga y de trámites que sufrimos los autónomos. Bienvenido sea”, afirmó.
Qué implica Verifactu.
La normativa Verifactu obliga a que los programas de facturación generen registros inalterables, no modificables ni eliminables, y accesibles para la Agencia Tributaria. Esta información podrá enviarse directamente o mantenerse almacenada con garantías de seguridad.
El sistema será obligatorio para todas las empresas y profesionales que utilicen software de facturación, salvo aquellos que ya trabajan con el Suministro Inmediato de Información (SII) y los contribuyentes de País Vasco y Navarra. Quienes emitan facturas de manera manual no se verán afectados por esta regulación.
Flexibilidad para las inversiones municipales
Además del retraso de Verifactu, el real decreto ley incluye medidas para flexibilizar las inversiones financieramente sostenibles de los ayuntamientos, permitiendo que puedan destinar recursos a proyectos que no generen gasto corriente —como construcción de vivienda o mejora de la gestión del agua— sin incumplir la regla de gasto.
