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2 jun. 2026
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activatie
El Gobierno aprobará a finales de año el cambio técnico que amenaza con encarecer el coste de construcción de viviendas en hasta 18.000 euros
Actualidad La idea del Ejecutivo es que la modificación del Código Técnico de Edificación se valide como tarde a comienzos de 2027 con idea de dar unos meses de adaptación y que esté plenamente en vigor en 2028 El Gobierno baraja finales de este año o principios del que viene como fechas probables para aprobar la reforma del Código Técnico de Edificación (CTE) que, según el planteamiento inicial presentado por el Ministerio de Vivienda al sector, amenaza, según algunos análisis, con encarecer en hasta 18.000 euros los costes de construcción de una vivienda tipo. Según explican fuentes conocedoras del asunto, el departamento que dirige Isabel Rodríguez se encuentra en estos momentos analizando la "multitud de alegaciones" que ha recibido su proyecto de modificación del CTE para perfilar el texto final que tiene que recoger la transposición de la directiva europea 2024/1275 sobre eficiencia energética en edificios. El objetivo del ministerio sería conceder un periodo transitorio de varios meses el año próximo antes de que esté completamente implementado en el arranque de 2028, cumpliendo así con las exigencias de la Comisión Europea. El texto que planteó en un primer momento Vivienda ha sido muy cuestionado por colectivos como promotores, aparejadores y arquitectos al ir, a su juicio, más allá de lo que exige la directiva europea, lo que puede acabar repercutiendo en un importante incremento de costes de construcción. Un análisis firmado por Mariano Fuentes Sedano, vocal del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid, asegura que, de forma directa, la subida del coste de construcción será del 3%. Tomando como referencia este mismo porcentaje tras añadirle los gastos generales, beneficio industrial, honorarios técnicos, gestión de licencias, tasas e impuestos, el incremento por vivienda sería de 12.000 euros para una promoción tipo de 40 unidades de 95 metros cuadrados. Pero cuando el CTE esté plenamente implantado junto con la directiva, el aumento del coste por vivienda será de 18.000 euros. Efectos no deseados y excesos regulatorios Las numerosas alegaciones de que ha sido objeto el borrador de Vivienda hacen albergar al sector la esperanza de que el ministerio sea sensible y asuma algunas de sus reivindicaciones. En su alegato contra el proyecto gubernamental, la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE) aseguraba que aunque comparten de forma expresa los objetivos de sostenibilidad, descarbonización, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad que persigue el CTE, advertía de que algunos aspectos que contempla el borrador para su modificación pueden generar "efectos no deseados" como duplicidades normativas, pérdida de neutralidad tecnológica, incompatibilidades internas, cargas económicas significativas o requisitos de difícil aplicación práctica, especialmente en vivienda asequible y proyectos desarrollados mediante colaboración público-privada. En opinión de los promotores, existen "excesos regulatorios" con respecto a la directiva europea con potenciales efectos nocivos sobre la promoción de vivienda. Entre ellos, destaca uno de carácter regulatorio en el "control de recepción en obra" para productos con marcado CE y la exigencia de certificación nacional obligatoria para productos sin marcado CE. Además, afirman que recoge obligaciones adicionales de documentación técnica no previstas en el reglamento europeo 2024/3110 sobre productos de construcción. En materia energética, citan la obligación mínima de energía solar fotovoltaica que introduce el CTE y que, aseguran, no exige la directiva; y una metodología de cálculo del Potencial de Calentamiento Global (PCG) más restrictiva que la exigida por la directiva de eficiencia energética europea. Los promotores también consideran que la definición nacional de "cero emisiones" que incluye el proyecto es más restrictiva que la propia directiva. El anteproyecto también incluye una regulación sobre movilidad sostenible, con aspectos como el precableado para recarga de vehículos eléctricos, puntos de recarga mínimos o aparcamientos para bicicletas, que también es desde el punto de vista de los promotores más estricta que la de Bruselas. Fuente: La Razón 1-06-2026 Fotografía: Col. Manolo Gálvez Ramírez (IV Edición Concurso de Fotografía de edificación de Activatie)
